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Investigar la situación política y social de los ciudadanos a nivel local, a fin de establecer propósitos que garanticen el pleno goce de sus derechos; derecho a ser protegidos en su vida, su libertad, su integridad y bienestar personal, su honor, su propiedad, su igualdad de oportunidades y su efectiva participación en la organización política, económica y social, así como en su igualdad ante la ley y su independencia ante los poderes del Estado, y a obtener el pleno resguardo de la totalidad de los derechos y garantías emanadas del Estado de derecho adecuándolas a políticas municipales.
Elaborar políticas públicas imponiendo la obligación estatal de proteger los derechos de las personas a través de dos modalidades típicas de intervención institucional; la prevención de esos actos o hechos socialmente lesivos o dañosos, y la conjuración de esos actos cuando efectivamente se producen. Estos derechos deben estar garantizados por las instituciones legalmente establecidas.
Promover proyectos Municipales que superen los periodos de gobierno; políticas preventivas y coercitivas.
Estas políticas tienen metas a futuro que van desde los 2,5 a 7 años, y metas cortas en proyección a esa meta futura. Un plan de Seguridad Pública no se ajusta únicamente a la delincuencia, abarca algo mucho mayor que eso, contiene políticas de urbanización, de desarrollo social, políticas de salud, de educación entre otras.